DF Tax | Más impuestos verdes en el horizonte

Paula Madariaga y Rodrigo Ropert

El mismo día del aniversario del primer año de gobierno, el presidente Gabriel Boric declaró: “El año 2022 no fue fácil (…) pese a ello, yo veo brotes verdes”. En realidad, lo que se vislumbra en el horizonte –luego del rechazo de la reforma tributaria– son los impuestos verdes.

Destinados a gravar acciones que generan efectos negativos sobre el medio ambiente, tienen su origen en el principio “el que contamina paga”; de tal forma que el precio refleje también el costo de las externalidades que genera una determinada actividad. Algunos ejemplos de impuestos verdes son aquellos que gravan la contaminación (Ej. emisiones atmosféricas), la extracción de recursos naturales, el consumo energético y el transporte.

“Si bien los impuestos verdes han sido concebidos como herramientas de corrección de externalidades negativas, ante la necesidad de recaudación, es posible prever que el gobierno dé un giro en la mirada que hasta ahora ha tenido hacia este tipo de gravámenes”.

Sobre estas materias, el Plan de Reactivación Económica, señalado en el programa de gobierno, incluye ampliar los impuestos verdes.

En primer término, contempla aumentar gradualmente el impuesto al CO₂ y extender su alcance, abarcando distintas fuentes de emisión.

Cabe indicar que este impuesto se aplica en Chile desde 2017, afectando principalmente a las generadoras eléctricas que producen a carbón o gas natural. A partir del 2023, se ampliaron las fuentes afectas, incluyendo aquellas que generan mas de 25.000 toneladas anuales de C0₂, lo que lo hará aplicable, también, a cementeras, metalúrgicas y fundiciones mineras. La tasa del impuesto es de US$ 5 por tonelada emitida, lo que a nivel internacional es bajo, especialmente considerando los casos de España, Francia, y Suecia; pero va en línea con lo aplicado en otros países de la región, como México, Colombia y Argentina. De esta manera, si bien el aumento de la tasa puede ser contraproducente, especialmente en un país como Chile, que solo representa el 0,25% de las emisiones de CO₂ del planeta, podría incentivar la ejecución de proyectos de reducción de emisiones para compensar el impuesto, cuyo reglamento debiera aprobarse durante este año.

Enseguida, el programa de gobierno considera incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice externalidades ambientales. Lo anterior incluye, también, eliminar las exenciones para industrias y transporte, que considera un reintegro de hasta 80% para el transporte de carga y de un 100% para usos en industrias con fuentes móviles y fijas.

Además, se pretende aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles, que se aplica a las emisiones de óxidos de nitrógeno como consecuencia del consumo de combustibles fósiles (gasolina y diésel).

Si bien los impuestos verdes han sido concebidos como herramientas de corrección de externalidades negativas, ante la necesidad de recaudación, es posible preveer que el gobierno dé un giro en la mirada que hasta ahora ha tenido hacia este tipo de gravámenes.

En definitiva, los impuestos verdes han mantenido un bajo perfil; sin embargo, se puede vislumbrar que su importancia se incremente en el futuro, por lo que no deben estar ajenos en la discusión.